La convocatoria al primer Consejo de Ministros para el 29 de julio marca el inicio formal de un gobierno que promete responder de inmediato a la creciente inseguridad ciudadana. Sin embargo, los decretos de urgencia serán apenas el primer paso frente a un problema estructural que exige decisiones sostenidas y resultados concretos.
La decisión de la presidenta electa Keiko Fujimori de convocar a su primer Consejo de Ministros apenas un día después de asumir el cargo envía un mensaje político claro: la seguridad ciudadana será la prioridad inmediata de su administración.
El anuncio no resulta casual. Llega en un contexto de creciente preocupación por la criminalidad y pocas horas después de una tragedia que conmocionó al país: el incendio ocurrido en La Victoria, donde fallecieron diez personas, entre ellas cinco menores de edad. Para la futura mandataria, el hecho refleja la urgencia de recuperar el control del Estado en distintos frentes.
La intención de aprobar decretos de urgencia durante la primera sesión del gabinete busca transmitir rapidez y capacidad de respuesta. Sin embargo, la verdadera discusión no debería centrarse únicamente en la velocidad con la que se adopten las medidas, sino en su eficacia y sostenibilidad.
El Perú ha vivido en los últimos años una sucesión de estados de emergencia, reformas legales y anuncios de mano dura que, en muchos casos, no lograron traducirse en una reducción significativa de la delincuencia. La experiencia demuestra que la inseguridad no se combate únicamente con normas aprobadas en las primeras horas de gobierno.
La criminalidad organizada, la extorsión, el sicariato y el fortalecimiento de bandas delictivas requieren una estrategia integral que involucre al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales. Sin coordinación entre estas instituciones, cualquier decreto corre el riesgo de convertirse en una respuesta de corto plazo.
Otro aspecto relevante será el contenido de las medidas que apruebe el nuevo gabinete. Los ciudadanos esperan acciones concretas para fortalecer la capacidad operativa de la Policía, mejorar los sistemas de inteligencia, combatir las economías ilegales y recuperar espacios donde el Estado ha perdido presencia. También será indispensable que las decisiones respeten el marco constitucional y los derechos fundamentales, evitando soluciones que generen más conflictos que resultados.
La convocatoria del primer Consejo de Ministros también representa una prueba para el nuevo equipo de gobierno. Más allá del discurso político, será la primera oportunidad para demostrar capacidad de coordinación y establecer una hoja de ruta clara frente a uno de los principales problemas que enfrenta el país.
El reto de Keiko Fujimori comienza desde el primer día de gestión. La ciudadanía, golpeada por años de inseguridad e inestabilidad política, espera mucho más que anuncios. Espera resultados medibles, políticas públicas consistentes y un Estado capaz de recuperar la confianza de la población.
Los decretos de urgencia pueden marcar el inicio de ese camino, pero serán las acciones posteriores las que determinen si la promesa de “recuperar el orden” logra convertirse en una realidad o termina sumándose a la larga lista de compromisos que el tiempo no logró cumplir.
